La corrupción se halla de manera consistente entre las preocupaciones
más graves de los peruanos. Según Ipsos, en el 2010, para el 47% de
ciudadanos era uno de los tres principales problemas del país; el
porcentaje subió a 52% cinco años después. La sensación de que se puede
encontrar el germen de la corrupción detrás de cada licitación,
licencia, trámite burocrático, concesión privada y funcionario público
es cada vez más extendida.
La impresión no es del todo injustificada: para la Procuraduría Anticorrupción, hace un año, el 92% de los alcaldes del país (casi 1.700 de 1.841) estaban siendo investigados por presuntos actos de corrupción vinculados a los delitos de peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión.
Para la mayoría, el gran problema con la corrupción son los recursos
que el Estado pierde cada vez que, por ejemplo, un alcalde distrital
cobra una proporción del dinero del canon invertido en estadios con
mayor aforo que la cantidad de habitantes del distrito o cada vez que un
congresista contrata trabajadores fantasmas para laborar en su
despacho. Estas pérdidas, por cierto, no son insignificantes. El año
pasado, la entonces primera ministra Ana Jara señaló que el monto
comprometido en actos de corrupción ascendió en el 2013 a nada menos que
S/.10.000 millones –equivalente a 30 veces el presupuesto del programa
Cuna Más–.
La verdad, sin embargo, es que el costo económico de la corrupción va
mucho más allá de los montos robados del Tesoro Público. Aparte de las
implicancias éticas o legales de estos delitos y de las pérdidas de
recursos públicos, ¿cómo afecta la corrupción a la economía del país? Compartenos tu opinion personal.
